
El pasado 5 de junio se ha producido en la ciudad de Bagua, en el Departamento de Amazonas, un enfrentamiento entre indígenas Awajún y policías que ha provocado decenas de muertos. A dos días del suceso, el Gobierno contabiliza 21 policías muertos y 9 Awajún. La desinformación interesada y parcial es preocupante. Desde Perú me llegan noticias de que son más de 100 los muertos entre indígenas y pobladores de la ciudad. Mientras en Lima reciben con honores de Estado a los policías fallecidos, en Bagua muchos cuerpos de víctimas de población civil están desaparecidos y algunos cadáveres han sido arrojados al río, evitando de esta manera que sean contabilizados.
Este conflicto es consecuencia del paro que comenzó el pasado 9 de abril en los departamentos de la selva y en algunos de la sierra, y al que se adhirieron tanto indígenas, como campesinos y algunas ciudades, paralizándose la entrada y salida de materias primas de la selva. El paro se organizó como protesta de la población contra los decretos legislativos aprobados por el Gobierno del Perú relativos a la explotación de recursos naturales (hidrocarburos, madera, minerales, etc.). El gobierno justifica los decretos como necesarios para el proceso de adecuación de la legislación peruana a las exigencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
En la provincia de Alto Amazonas (colindante con el Departamento de Amazonas), donde estuve durante el mes de abril, el paro era total (y pacífico). Se produjo, sin embargo, una inexplicable invisibilización del problema a nivel nacional.
Hace unas semanas mantuvieron una negociación en Lima entre los representantes de los pobladores de la selva y el Gobierno que fracasó. Tras el fracaso de las negociaciones, la policía de la ciudad de Yurimaguas (Alto Amazonas) tomó declaración a miembros de organizaciones contrarias a los decretos legislativos, así como a los pocos medios de comunicación que se habían atrevido a informar sobre las movilizaciones a los que, por ello, se acusó de rebelión. Actualmente, Alberto Pizango, el Presidente de AIDESEP (organización que representa a 57 federaciones indígenas de la amazonía peruana) y representante para negociar con el Gobierno, está acusado de sedición y rebelión por la Fiscalía del Estado. ¿Se ha convertido de la noche a la mañana en un terrorista?
Vivimos en una época histórica en la que muchos Estados, entre ellos Perú, ha firmado el Convenio 169 de la OIT en el que se suscribe el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su futuro y a ser respetados sus territorios, recursos naturales, cultura, etc.
En este sentido, cabe destacar que las Naciones Unidas se han dirigido al Gobierno peruano en relación a varios de los polémicos decretos legislativos aprobados, subrayando que vulneran el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.
Parece que determinados Convenios internacionales no son más que papel mojado. No es de extrañar, cuando el propio presidente del Perú, Alan García, se refiere a la amazonía y a los Pueblos que la habitan en estos términos: “…tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente […] y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático “no conectado”; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no pueden ser explotadas”.
Da la impresión de que el sistema económico mundial es cada vez más deshumanizador, y aunque se produzca una crisis como la que padecemos, las multinacionales siguen siendo insensibles a la realidad e intocables por los Gobiernos. ¿Dónde queda la responsabilidad social de las empresas? ¿Y el deber de velar por la vida y seguridad de los ciudadanos que todos suponemos que tienen los gobiernos? ¿Para cuándo unas políticas económicas, sociales y medioambientales que garanticen la supervivencia de los pueblos y de las PERSONAS?
Unai Bikandi Markaida- Voluntario de ADECO